Las condiciones del FMI
El
Fondo Monetario es, en su configuración actual, una institución
desprestigiada. Lo que le exigirá a la Argentina ya se conoce porque
está implícito en su doctrina. No hay ninguna diferencia entre el FMI de
los 90 y el actual.
La intervención del FMI en la política económica argentina constituye
un severo retroceso. El Fondo Monetario es, en su configuración actual,
una institución desprestigiada, singularmente ineficiente y superflua,
como lo demostró su acción en Grecia. La situación económica argentina
no requiere un incremento de la deuda ya que el Estado tiene toda la
capacidad para enfrentar la erupción especulativa. El gobierno
necesitaba devaluar para incrementar las ganancias al complejo
agroexportador y aumentar las tasas de interés para satisfacer la
voracidad de los banqueros cebados por las Lebac.
Como al comienzo de su mandato, Macri justificó el retorno del FMI inventando el peligro de una crisis inminente. Si pudo justificar con el argumento de la “pesada herencia” la devaluación del 43 por ciento a fines del 2015, ahora es su propia política la generadora de esta crisis. El llamado al FMI contenía mucho “della Commedia dell’Arte” y un mensaje claro a los especuladores: “vamos a poder venderles todos los dólares que quieran comprar”. Macri había comenzado a utilizar el sistema de Ponzi que consiste en obtener nuevos préstamos para pagar los anteriores, lo que llenó de zozobra a sus prestamistas. Como lo expresó él mismo nadie le presta a una economía quebrada. ¡Le prestaban hace dos años pero ya no!
El ahorro menos la inversión es igual al excedente o al déficit de la Balanza de Pagos. Esta igualdad es valida en cualquier economía y sea cual sea la política económica, peronista o neoliberal. Por lo tanto para el FMI el objetivo es lograr el mayor excedente posible de la Balanza de Pagos con el objetivo de pagar la deuda y, además, para recuperar el préstamo. La diferencia positiva entre el ahorro y la inversión será tanto mayor cuando la inversión es baja. El ahorro será tanto mayor cuando la distribución del ingreso sea favorable a los ricos que son los que gastan una pequeña parte de lo que ganan, mientras que los sectores medios y populares gastan todo lo que ganan.
El diagnostico es simple: se debe generar un ahorro cuyo costo económico es menos crecimiento y más crueldad social para las mayorías. Lo que exigirá el FMI ya se conoce de antemano porque está implícito en su doctrina. No hay ninguna diferencia entre el FMI de los ‘90 y el actual, sus estatutos no cambiaron.
El FMI considera que todo déficit del presupuesto del Estado engendra un aumento de la deuda, como es el caso actual del gobierno de Macri. Por lo tanto, es necesario déficit “cero” para “consolidar la deuda” dicen los colegas ortodoxos. Se trata para los argentinos de la segunda parte del programa de austeridad luego del ajuste llevado adelante con la baja de los salarios y el aumento de las tarifas. La recaudación fiscal debe permitir financiar el gasto público incluido el pago del capital e intereses de la deuda. Ese déficit es del orden de 8,5 por ciento de PIB. El FMI impone que se llegue a un déficit “cero” disminuyendo los sueldos de los empleados públicos, las jubilaciones, los gastos en salud y en educación, la inversión en las obras públicas.
La cuestión presupuestaria como la diseña el FMI plantea problemas técnicos y de política económica pero también interrogantes sobre la ética y la moral de sus dirigentes. En lo que hace al aspecto técnico es necesario recordar que así como el incremento del gasto público (la “obra pública” de Macri y de Vidal) tienen un efecto multiplicador positivo en el crecimiento del PIB, toda restricción del gasto tiene un efecto inverso, negativo.
En enero del 2013, Olivier Blanchard, el entonces jefe de los economistas del FMI, luego de una amplia investigación y revisión de los cálculos de los coeficientes del multiplicador del gasto público, explicó de manera elegante que “la consolidación fiscal en las economías produce un impacto más importante en la caída de la tasa de crecimiento (de lo se afirmaba). Esto implica que los multiplicadores fiscales eran significativamente más elevados de lo que las previsiones estimaban implícitamente”.
En términos cuantitativos esto significa que el FMI calculaba que una disminución del gasto de 1 peso provoca en dos años una disminución del PIB de solo 50 centavos, cuando en realidad el cálculo señalado por Blanchard indica, para en el caso de Grecia, cuya economía es similar a la argentina, provoca una baja de 1,80 pesos.
Otro problema lo constituye la coherencia del razonamiento, ya que el FMI propone restricciones presupuestarias a países de la periferia, pero a la vez aceptó durante la crisis de 2008 (la Gran Recesión) que los Estados Unidos (10 por ciento de déficit del PIB en 2010) Alemania o Francia incrementaran sus déficits presupuestarios con políticas monetarias expansionistas.
La pregunta evidente es de donde se inspira Christine Lagarde para decir que los efectos económicos de la expansión del gasto público serían positivo para los países industriales y negativos para los de la periferia. Por otro lado la propuesta de restricción presupuestaria del FMI ha sido severamente criticada no solo por los economistas heterodoxos sino incluso por el Banco Mundial. El FMI impone que en los países donde se subvencionan los precios de los alimentos las ayudas cesen. Este será el destino del “programa de desarrollo social”, eufemismo con el cual se designan las ollas populares. Sin embargo, los economistas han señalado la contradicción del FMI ya que nunca objetó los gastos del seguro de desempleo que son una ayuda social que, en algunos países, llegan al 80 por ciento del salario previo al despido.
El FMI exige además reorientar el gasto público. Su doctrina es clara: no solo se trata de gastar menos, sino también gastar de otra manera, lo cual implica afectar recursos para las inversiones de infraestructura y disminuir los gastos sociales.
En línea con lo anterior, el FMI reclama una reforma fiscal que cambie la estructura tributaria basándola en impuestos regresivos, favoreciendo así una redistribución de la recaudación de manera que favorezca a los más ricos. El FMI impone impuestos que tienen una base fiscal amplia (mayor cantidad de personas) incluyendo los pobres, como es el aumento del IVA, o tasas específicas sobre los cigarrillos, ciertos alimentos de primera necesidad, los combustibles y la energía, en lugar de impuestos “complicados” con tasas elevadas que conciernen a pocas personas (los ricos).
La ideología de los dirigentes del FMI respalda la liberalización financiera. Esta debe orientar los escasos recursos de capital en los proyectos más lucrativos, pero no necesariamente los más útiles. Impone una política monetaria ortodoxa con tasa de interés elevada que incrementa la volatilidad de los movimientos de capitales, lo cual es el talón de Aquiles teórico del programa del FMI, ya que esto traba la inversión interna. Es cierto que, en este aspecto, el trabajo del FMI ya lo hizo Macri.
El FMI impone habitualmente una devaluación para incrementar las exportaciones y limitar las importaciones. La dificultad es que en Argentina hay un sector social que importa mucho mientras que la exportaciones son inelásticas, lo cual significa que un incremento de la rentabilidad del complejo agroexportador no provoca un incremento de la producción y de las exportaciones. Además, el BCRA permite no ingresar las divisas obtenidas por las exportaciones.
El Fondo también exige la disminución de los aranceles a las importaciones, el libre cambio favorable a los países industriales y a China. Es poco plausible sostener que se debe incrementar el superávit de la Balanza de Pagos y a la vez facilitar las importaciones. Pero esta propuesta además está desfasada con las políticas de comercio exterior proteccionistas de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Estas condiciones serán impuestas por el FMI. Son un programa de austeridad que tiene dos agravantes. El primero, la impericia de los técnicos del organismo que, a pesar del aceptable nivel académico ortodoxo, están desfasados, ya que ignoran la realidad económica argentina. El segundo, es que esos tecnócratas son insensibles a los sufrimientos de los sectores populares
Como al comienzo de su mandato, Macri justificó el retorno del FMI inventando el peligro de una crisis inminente. Si pudo justificar con el argumento de la “pesada herencia” la devaluación del 43 por ciento a fines del 2015, ahora es su propia política la generadora de esta crisis. El llamado al FMI contenía mucho “della Commedia dell’Arte” y un mensaje claro a los especuladores: “vamos a poder venderles todos los dólares que quieran comprar”. Macri había comenzado a utilizar el sistema de Ponzi que consiste en obtener nuevos préstamos para pagar los anteriores, lo que llenó de zozobra a sus prestamistas. Como lo expresó él mismo nadie le presta a una economía quebrada. ¡Le prestaban hace dos años pero ya no!
El ahorro menos la inversión es igual al excedente o al déficit de la Balanza de Pagos. Esta igualdad es valida en cualquier economía y sea cual sea la política económica, peronista o neoliberal. Por lo tanto para el FMI el objetivo es lograr el mayor excedente posible de la Balanza de Pagos con el objetivo de pagar la deuda y, además, para recuperar el préstamo. La diferencia positiva entre el ahorro y la inversión será tanto mayor cuando la inversión es baja. El ahorro será tanto mayor cuando la distribución del ingreso sea favorable a los ricos que son los que gastan una pequeña parte de lo que ganan, mientras que los sectores medios y populares gastan todo lo que ganan.
El diagnostico es simple: se debe generar un ahorro cuyo costo económico es menos crecimiento y más crueldad social para las mayorías. Lo que exigirá el FMI ya se conoce de antemano porque está implícito en su doctrina. No hay ninguna diferencia entre el FMI de los ‘90 y el actual, sus estatutos no cambiaron.
El FMI considera que todo déficit del presupuesto del Estado engendra un aumento de la deuda, como es el caso actual del gobierno de Macri. Por lo tanto, es necesario déficit “cero” para “consolidar la deuda” dicen los colegas ortodoxos. Se trata para los argentinos de la segunda parte del programa de austeridad luego del ajuste llevado adelante con la baja de los salarios y el aumento de las tarifas. La recaudación fiscal debe permitir financiar el gasto público incluido el pago del capital e intereses de la deuda. Ese déficit es del orden de 8,5 por ciento de PIB. El FMI impone que se llegue a un déficit “cero” disminuyendo los sueldos de los empleados públicos, las jubilaciones, los gastos en salud y en educación, la inversión en las obras públicas.
La cuestión presupuestaria como la diseña el FMI plantea problemas técnicos y de política económica pero también interrogantes sobre la ética y la moral de sus dirigentes. En lo que hace al aspecto técnico es necesario recordar que así como el incremento del gasto público (la “obra pública” de Macri y de Vidal) tienen un efecto multiplicador positivo en el crecimiento del PIB, toda restricción del gasto tiene un efecto inverso, negativo.
En enero del 2013, Olivier Blanchard, el entonces jefe de los economistas del FMI, luego de una amplia investigación y revisión de los cálculos de los coeficientes del multiplicador del gasto público, explicó de manera elegante que “la consolidación fiscal en las economías produce un impacto más importante en la caída de la tasa de crecimiento (de lo se afirmaba). Esto implica que los multiplicadores fiscales eran significativamente más elevados de lo que las previsiones estimaban implícitamente”.
En términos cuantitativos esto significa que el FMI calculaba que una disminución del gasto de 1 peso provoca en dos años una disminución del PIB de solo 50 centavos, cuando en realidad el cálculo señalado por Blanchard indica, para en el caso de Grecia, cuya economía es similar a la argentina, provoca una baja de 1,80 pesos.
Otro problema lo constituye la coherencia del razonamiento, ya que el FMI propone restricciones presupuestarias a países de la periferia, pero a la vez aceptó durante la crisis de 2008 (la Gran Recesión) que los Estados Unidos (10 por ciento de déficit del PIB en 2010) Alemania o Francia incrementaran sus déficits presupuestarios con políticas monetarias expansionistas.
La pregunta evidente es de donde se inspira Christine Lagarde para decir que los efectos económicos de la expansión del gasto público serían positivo para los países industriales y negativos para los de la periferia. Por otro lado la propuesta de restricción presupuestaria del FMI ha sido severamente criticada no solo por los economistas heterodoxos sino incluso por el Banco Mundial. El FMI impone que en los países donde se subvencionan los precios de los alimentos las ayudas cesen. Este será el destino del “programa de desarrollo social”, eufemismo con el cual se designan las ollas populares. Sin embargo, los economistas han señalado la contradicción del FMI ya que nunca objetó los gastos del seguro de desempleo que son una ayuda social que, en algunos países, llegan al 80 por ciento del salario previo al despido.
El FMI exige además reorientar el gasto público. Su doctrina es clara: no solo se trata de gastar menos, sino también gastar de otra manera, lo cual implica afectar recursos para las inversiones de infraestructura y disminuir los gastos sociales.
En línea con lo anterior, el FMI reclama una reforma fiscal que cambie la estructura tributaria basándola en impuestos regresivos, favoreciendo así una redistribución de la recaudación de manera que favorezca a los más ricos. El FMI impone impuestos que tienen una base fiscal amplia (mayor cantidad de personas) incluyendo los pobres, como es el aumento del IVA, o tasas específicas sobre los cigarrillos, ciertos alimentos de primera necesidad, los combustibles y la energía, en lugar de impuestos “complicados” con tasas elevadas que conciernen a pocas personas (los ricos).
La ideología de los dirigentes del FMI respalda la liberalización financiera. Esta debe orientar los escasos recursos de capital en los proyectos más lucrativos, pero no necesariamente los más útiles. Impone una política monetaria ortodoxa con tasa de interés elevada que incrementa la volatilidad de los movimientos de capitales, lo cual es el talón de Aquiles teórico del programa del FMI, ya que esto traba la inversión interna. Es cierto que, en este aspecto, el trabajo del FMI ya lo hizo Macri.
El FMI impone habitualmente una devaluación para incrementar las exportaciones y limitar las importaciones. La dificultad es que en Argentina hay un sector social que importa mucho mientras que la exportaciones son inelásticas, lo cual significa que un incremento de la rentabilidad del complejo agroexportador no provoca un incremento de la producción y de las exportaciones. Además, el BCRA permite no ingresar las divisas obtenidas por las exportaciones.
El Fondo también exige la disminución de los aranceles a las importaciones, el libre cambio favorable a los países industriales y a China. Es poco plausible sostener que se debe incrementar el superávit de la Balanza de Pagos y a la vez facilitar las importaciones. Pero esta propuesta además está desfasada con las políticas de comercio exterior proteccionistas de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Estas condiciones serán impuestas por el FMI. Son un programa de austeridad que tiene dos agravantes. El primero, la impericia de los técnicos del organismo que, a pesar del aceptable nivel académico ortodoxo, están desfasados, ya que ignoran la realidad económica argentina. El segundo, es que esos tecnócratas son insensibles a los sufrimientos de los sectores populares
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